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A lo largo de los dos últimos años hemos asistido a numerosos cambios del sistema de pensiones en España, que lo hacen más generoso, pero menos autosuficiente, con un mayor déficit estructural, sin ajustes por el aumento de la esperanza de vida y con mayor dependencia de las transferencias del Estado.

El sistema público de pensiones es un pilar básico del Estado de bienestar en Europa. Son viables y sostenibles siempre que se adapten a los continuos cambios económicos, sociales y demográficos que experimentan las sociedades. El reto es encontrar el equilibrio apropiado ante cambios continuos del sistema.

El sistema de pensiones es un mecanismo de seguro para diferir rentas y mantener los niveles de consumo y bienestar a lo largo de la vida. Es por ello que los sistemas de reparto deben tener como objetivo la revalorización de las pensiones con la inflación, pero con un diseño que garantice su sostenibilidad.

Una de las funciones de la Seguridad Social es proporcionar un seguro en forma de pensión de jubilación, a las personas que, por edad, abandonan el mercado de trabajo. Para el conjunto de la sociedad, el reto es cómo asegurar que la Seguridad Social proporcione esa cobertura mediante pensiones sostenibles y suficientes.

Los sistemas públicos de pensiones de reparto, un pilar básico del estado de bienestar en Europa, son viables y sostenibles, siempre que se adapten con las medidas adecuadas a los continuos cambios económicos, sociales y demográficos que experimentan las sociedades europeas.

En este artículo se valora la contribución a la sostenibilidad financiera y social del anteproyecto de ley que recoge el acuerdo recientemente alcanzado por el gobierno y los agentes sociales en materia de pensiones.

El sistema de pensiones de reparto es uno de los pilares del estado de bienestar. Para mantener niveles de renta en la jubilación similares a los de la carrera laboral, las sociedades avanzadas han desarrollado sistemas complementarios de pensiones, que en España se encuentran poco extendidos.

This paper presents estimates of the impact of the recent reform of the Spanish pension system. Results suggest that this reform will reduce pension expenditure by up to 1.4 percentage points of GDP