Europa | Política industrial: ¿protegerse sin proteccionismo?

Europa vuelve a creer en la política industrial. El Acta del Acelerador Industrial, hoy en discusión en Bruselas, es uno de los primeros pasos para poner en práctica las recomendaciones de los informes Letta y Draghi. El objetivo: recuperar competitividad frente a Estados Unidos sin renunciar a los objetivos climáticos. Con ello se reabre un ciclo de políticas industriales europeas, tras una larga historia que se remonta al colbertismo francés del siglo XVII. ¿Qué lecciones dejan esas experiencias y qué desafíos trae esta nueva ola?

A juzgar por su diseño, la Comisión parece haber hecho los deberes. No busca el proteccionismo bajo un imperativo mercantilista de suma cero, que lleva inexorablemente a romper con la liberalización de los mercados internacionales en una carrera hacia el fondo. Persigue, en cambio, intervenciones quirúrgicas que resuelvan externalidades u otros fallos específicos de mercado.

En particular, Made in EU no es un objetivo en sí mismo, sino un instrumento para evitar que la interdependencia generada por la globalización degenere en dependencias críticas que nos expongan a prácticas abusivas de terceros. Algo ya amparado por la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, mediante las llamadas cláusulas antidumping. Son políticas de “segundo mejor”, justificables cuando la diversificación hacia otros países no es factible o, en términos más geopolíticos, cuando la dependencia en un sector no puede compensarse con una dependencia inversa en otros sectores.

En línea con Draghi, el Acta introduce requisitos Made in EU o de bajas emisiones en la contratación y las ayudas públicas para sectores estratégicos, desde las tecnologías limpias y el automóvil hasta materiales como el acero, el cemento y el aluminio. Pero se aleja de Draghi al no avanzar mecanismos de desregulación. El Acta simplifica permisos, pero no resuelve la paradoja regulatoria europea: intenta reducir burocracia añadiendo nuevas reglas a un sistema ya sobrerregulado.

Sin embargo, la mayor crítica a la propuesta es de omisión: su timidez para avanzar hacia mayor poder y agilidad de acción comunitarios. La institucionalidad europea, construida preservando amplios espacios de autonomía nacional, fue creada —¡exitosamente!— para erradicar las guerras internas que abatieron al continente durante siglos. No solo eso: dicha autonomía ha sostenido una rica diversidad que conlleva grandes beneficios. Pero diversidad es una cosa, fragmentación es otra. Y la reticencia a compartir soberanía a escala europea ha sido onerosa: Europa sigue sin disponer de un mercado único de capitales, de un activo seguro europeo, de un sistema energético plenamente integrado y, hoy de forma más apremiante, de capacidad de acción común en defensa y política industrial. 

Las desconfianzas y los obstáculos políticos para avanzar hacia una mayor integración son enormes, pero la necesidad de fortalecer las estructuras comunitarias es aún mayor.